TENDRÁN QUE DAR CUENTA A DIOS POR TODO LO QUE HICIERON.....
NO QUISIERA ESTAR EN SUS ZAPATOS....
domingo, 20 de octubre de 2013
LOS DERECHOS DEL NIÑO SON PARA RESPETARLOS.....
TENDRÁN QUE DAR CUENTA A DIOS POR TODO LO QUE HICIERON.....
NO QUISIERA ESTAR EN SUS ZAPATOS....
jueves, 17 de octubre de 2013
CÁNCER DE MAMA, BASTA DE NIÑOS SIN MADRE POR ESTA ENFERMEDAD
Por año mueren 5.400 argentinas de cáncer de mama
Una de cada 8 mujeres tiene posibilidades de padecer esta enfermedad. En el 98% de los casos es curable si se detecta a tiempo. El 19 de octubre el Día Mundial del Cáncer de Mama
En el país mueren 5400 mujeres por año a causa del cáncer de mama, según los datos oficiales brindados por la Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer con motivo de conmemorarse el 19 de octubre el Día Mundial del Cáncer de Mama.
Además, una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida y la enfermedad es curable en el 98 por ciento de los casos si se detecta en forma temprana, indicaron los especialistas, por lo que recomendaron actividades de prevención primaria y la práctica de estudios para un diagnóstico precoz.
El cáncer de mama, que se produce por el crecimiento anormal y desordenado de las células de los tejidos de la glándula mamaria, constituye el segundo cáncer más frecuente y la causa más común de muerte de las mujeres en el mundo.
El riesgo de padecer cáncer de mama "para una mujer promedio es del 13 por ciento", afirmaron especialistas en un informe difundido en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, y manifestaron que "aproximadamente una cada 8 mujeres tiene la posibilidad de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida".
Las mujeres con un pariente en primer grado (madre, hermana, hija) que haya padecido cáncer de mama afrontan un riesgo de dos a cuatro veces mayor de padecer la enfermedad que la población femenina en general.
"En el cáncer de mama el pronóstico está estrechamente ligado al momento de la detección, sabiendo que el diagnóstico temprano evita y disminuye en gran medida los procedimientos quirúrgicos radicales, atenúa la repercusión psíquica y la amputación que ocurre si se indica un tratamiento quirúrgico", advirtieron los especialistas en el informe.
Prevención
En ese sentido, afirmaron que actividades de prevención primaria pueden evitar la enfermedad y recomendaron mantener hábitos saludables como dieta con bajo contenido de lípidos, aumento de la actividad física y evitar el tabaquismo.
Asimismo, manifestaron que la "herramienta más efectiva" para la reducción de la mortalidad generada por la patología es la prevención secundaria mediante el diagnóstico precoz, en estadíos iniciales.
La mamografía y ecografía realizadas en forma conjunta permiten detectar en forma precoz el cáncer de mama, aseguraron los expertos, y recomendaron realizar los estudios al menos una vez al año en forma rutinaria a partir de los 35 a 40 años y cuando exista una alteración percibida por la paciente.
Entre los signos y síntomas del cáncer de mama mencionaron la aparición de nódulos con la palpación, modificación morfológica del seno, cambio de textura o retracción de piel, y signos de inflamación, descamación, dolor, secreción y/o retracción del pezón.
El riesgo de padecer la enfermedad aumenta entre los 50 y 65 años, sostuvo el informe, y citó entre otros factores de riesgo: antecedentes familiares, como madre o hermana que hayan padecido la afección antes de los 50; inicio del ciclo menstrual antes de los 12; y tratamientos prolongados con terapia hormonal.
La Fundación Tiempo de Vivir realizó una encuesta a 574 mujeres mayores de 18 años de Latinoamérica sobre el cáncer de mama, que mostró que 4 de cada 10 conoce poco o nada sobre la enfermedad.
El 58% de las encuestadas dijo que el principal canal de información es la televisión, seguido por Internet, y en tercer lugar mencionaron a su ginecólogo (49.7%).
El estudio mostró que 8 de cada 10 encuestadas sabía que los autoexámenes y las mamografías son las formas de diagnosticar la enfermedad, mientras que 7 de cada 10 expresaron que entre los 30 y 40 años es recomendable realizarse la primera mamografía.
Además, una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida y la enfermedad es curable en el 98 por ciento de los casos si se detecta en forma temprana, indicaron los especialistas, por lo que recomendaron actividades de prevención primaria y la práctica de estudios para un diagnóstico precoz.
El cáncer de mama, que se produce por el crecimiento anormal y desordenado de las células de los tejidos de la glándula mamaria, constituye el segundo cáncer más frecuente y la causa más común de muerte de las mujeres en el mundo.
El riesgo de padecer cáncer de mama "para una mujer promedio es del 13 por ciento", afirmaron especialistas en un informe difundido en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, y manifestaron que "aproximadamente una cada 8 mujeres tiene la posibilidad de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida".
Las mujeres con un pariente en primer grado (madre, hermana, hija) que haya padecido cáncer de mama afrontan un riesgo de dos a cuatro veces mayor de padecer la enfermedad que la población femenina en general.
"En el cáncer de mama el pronóstico está estrechamente ligado al momento de la detección, sabiendo que el diagnóstico temprano evita y disminuye en gran medida los procedimientos quirúrgicos radicales, atenúa la repercusión psíquica y la amputación que ocurre si se indica un tratamiento quirúrgico", advirtieron los especialistas en el informe.
Prevención
En ese sentido, afirmaron que actividades de prevención primaria pueden evitar la enfermedad y recomendaron mantener hábitos saludables como dieta con bajo contenido de lípidos, aumento de la actividad física y evitar el tabaquismo.
Asimismo, manifestaron que la "herramienta más efectiva" para la reducción de la mortalidad generada por la patología es la prevención secundaria mediante el diagnóstico precoz, en estadíos iniciales.
La mamografía y ecografía realizadas en forma conjunta permiten detectar en forma precoz el cáncer de mama, aseguraron los expertos, y recomendaron realizar los estudios al menos una vez al año en forma rutinaria a partir de los 35 a 40 años y cuando exista una alteración percibida por la paciente.
Entre los signos y síntomas del cáncer de mama mencionaron la aparición de nódulos con la palpación, modificación morfológica del seno, cambio de textura o retracción de piel, y signos de inflamación, descamación, dolor, secreción y/o retracción del pezón.
El riesgo de padecer la enfermedad aumenta entre los 50 y 65 años, sostuvo el informe, y citó entre otros factores de riesgo: antecedentes familiares, como madre o hermana que hayan padecido la afección antes de los 50; inicio del ciclo menstrual antes de los 12; y tratamientos prolongados con terapia hormonal.
La Fundación Tiempo de Vivir realizó una encuesta a 574 mujeres mayores de 18 años de Latinoamérica sobre el cáncer de mama, que mostró que 4 de cada 10 conoce poco o nada sobre la enfermedad.
El 58% de las encuestadas dijo que el principal canal de información es la televisión, seguido por Internet, y en tercer lugar mencionaron a su ginecólogo (49.7%).
El estudio mostró que 8 de cada 10 encuestadas sabía que los autoexámenes y las mamografías son las formas de diagnosticar la enfermedad, mientras que 7 de cada 10 expresaron que entre los 30 y 40 años es recomendable realizarse la primera mamografía.
martes, 8 de octubre de 2013
TRABAJO INFANTIL, NO TERMINA NUNCA?
Corre peligro la meta global de erradicar el trabajo infantil
De los 168 millones de menores que están involucradas en actividades laborales, organismos internacionales consideran que unos 15 millones están ligados al trabajo en sus peores formas.
La meta mundial de erradicar las peores formas de trabajo infantil para 2016 enfrenta peligro de quedar sin ser alcanzada, advirtió el martes el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.
Al abrir en Brasilia la tercera conferencia mundial sobre los menores en el trabajo, Ryder recordó que la comunidad internacional adoptó en 2006 la meta de eliminar en una década el trabajo infantil en sus peores manifestaciones, que se refiere a aquellas que ponen riesgo la vida o integridad del menor, como la explotación sexual con fines de prostitución o pornografía, el uso de niños como soldados u otros en condiciones denigrantes.
"Con el ritmo actual, no alcanzaremos la meta, tenemos que hacer mejor", advirtió el británico Ryder en la apertura del foro en Brasilia. "Tenemos que renovar el compromiso con la eliminación de las peores formas de trabajo infantil lo antes posible".
De los 168 millones de menores que están involucradas en actividades laborales, organismos internacionales consideran que unos 15 millones están ligados al trabajo en sus peores formas. Bajo los auspicios de la OIT, la comunidad mundial promulgó la convención 182 por la erradicación de las peores formas del trabajo infantil, que cuenta con 177 países signatarios.
Ryder advirtió que para llegar a la meta de eliminar completamente esas formas de empleo de menores, será necesario incorporar a los nueve países que no adhirieron, como parte de un esfuerzo colectivo por cumplir con el compromiso de combatir la presencia de menores en actividades laborales.
Tales países son Cuba, Eritrea, India, Islas Marshall, Myanmar, Palau, Somalia y Tuvalú.
"Existe un peligro de que, al llegar a los últimos kilómetros de la larga marcha contra el trabajo infantil, la comunidad internacional aparte su mirada de las metas. No podemos permitirlo, eliminar el trabajo infantil no es un sueño, estamos aquí para elaborar una acción estratégica que consiga esa meta", sostuvo Ryder.
Según el último informe de la OIT sobre el tema, hay 168 millones de menores en el mercado laboral, una reducción de 78 millones desde 2000, cuando se comenzó a registrar ese dato.
El sector que más emplea niños es la agricultura, mientras que África es el continente que menos ha avanzado en la eliminación del fenómeno del trabajo infantil.
Brasil fue escogido como sede del encuentro de tres días, que reúne a 1.300 delegados de 152 países, por encima de los 80 países representados en la conferencia anterior, celebrada en 2010 en La Haya, Holanda, como un reconocimiento a sus avances en el combate al empleo infantil.
En la apertura del encuentro, la presidenta brasileña Dilma Rousseff destacó que desde 2012 su país redujo en 67% el empleo de menores, por encima del promedio mundial de 36%, lo que atribuyó a un conjunto de esfuerzos por eliminar la pobreza y universalizar el acceso a la educación.
Recordó que los países del Mercosur, una unión aduanera en la que Brasil participa junto a Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, existe un acuerdo en marcha para combatir el tráfico de menores con fines de explotación sexual.
"Brasil es un ejemplo de que con voluntad política y acciones consistentes, acciones continuadas y permanentes, es posible poner en marcha la fuerza transformadora de la cooperación que nos llevará a erradicar el trabajo infantil", manifestó Rousseff.
Fuente: AP
sábado, 5 de octubre de 2013
TRATA EN ARGENTINA...
INFORME 2012 SOBRE TRATA DE PERSONAS
Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas
ARGENTINA (Categoría 2)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas de la trata con fines de
explotación sexual provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la
prostitución en centros urbanos o provincias más prósperas del centro y sur del país. Gran cantidad de
mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú y en menor grado, de Brasil y
República Dominicana son forzados a ejercer la prostitución en Argentina. Gran cantidad de ciudadanos
bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte
del país son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agrícolas y servicio
doméstico. Funcionarios informaron que en la Capital Federal podrían existir algunas víctimas de la trata
con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Argentina es un país de
tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile,
Brasil, México y Europa Occidental. Asimismo, algunas mujeres y niñas argentinas han sido víctimas de la
trata con fines de explotación sexual en otros países. Funcionarios argentinos informaron que en 2011, la
cantidad identificada de víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso fue tres veces mayor que la
cantidad de víctimas con fines de explotación sexual identificadas durante el mismo año.
El gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de
personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido. Durante el año pasado, el
gobierno de Argentina informó haber identificado un número récord de víctimas de la trata, cuya mayoría
eran personas extranjeras sometidas a trabajo forzado. Se incrementaron las acciones judiciales y
condenas de los tratantes y se diseñaron numerosos protocolos y pautas contra la trata de personas
destinados a distintos actores del gobierno. El gobierno de Argentina subvencionó cinco refugios para las
víctimas de la trata, uno de los cuales recibió fondos del gobierno federal y el resto, recibió recursos de las
autoridades provinciales o municipales. No obstante ello, los servicios especializados para las víctimas de
la trata continúan siendo dispares en todo el país; la superposición de competencias y la falta de
coordinación entre las autoridades federales y provinciales causaron demoras en algunas investigaciones
y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos
funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha
contra la trata.Recomendaciones para Argentina: Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir
la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, procesamiento y condenas a los
tratantes, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito; destinar más
recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel
nacional y provincial y en colaboración con las ONG; continuar con las capacitaciones en materia de trata
para agentes de seguridad, personal judicial y demás funcionarios públicos; desarrollar e implementar
protocolos para funcionarios a nivel provincial/municipal a fin de identificar y asistir a las víctimas de la
trata; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los
activos relacionados con este delito; continuar aumentando la cantidad de investigaciones relacionadas
con los delitos de trabajo forzoso y sometimiento a la servidumbre doméstica en zonas rurales y urbanas y
hacer judicialmente responsables a las empresas cuyas cadenas de abastecimiento se benefician del
trabajo forzado; continuar fortaleciendo la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente, mediante el desarrollo
de un plan nacional contra la trata de personas y continuar los esfuerzos a nivel nacional para concientizar
sobre todas las formas de trata.
Persecución penal
El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley para
combatir la trata de personas, especialmente a través del aumento en las acciones penales y condenas; si
bien las ONG, los medios y algunos funcionarios siguieron informando niveles significativos de complicidad
no abordados en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales.
Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364, que establece penas privativas de la
libertad que van de tres a quince años. Dichas penas son lo suficientemente severas y equivalentes o
superiores a las previstas para otros delitos graves como la violación. La actual ley de combate de la trata
no establece expresamente que el consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad sea
irrelevante, aún cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción. El Senado aprobó una enmienda de
dicha ley durante el presente año, que contempla, inter alia, el tema del consentimiento inicial de la
víctima. A fin de año, dicha enmienda se encontraba a la espera de aprobación por parte de la Cámara de
Diputados. Esta propuesta de enmienda también definía la “trata de personas” como el componente inicial
de un proceso que difiere de la “explotación”, considerada el final del proceso. Esta terminología reflejó un
cambio más amplio en el uso del término “trata de personas” por parte de los funcionarios argentinos, que
es más restrictivo que la definición utilizada en el Protocolo de Naciones Unidas sobre Trata de Personas
del año 2000. Organizaciones no gubernamentales y funcionarios manifestaron que las autoridades
aplicaron con frecuencia en las investigaciones y procesamientos de casos de trata de personas con fines
de explotación sexual, leyes arcaicas relativas al uso de preservativos contra las personas que operaban
lugares que ofrecían servicios sexuales. Durante el período que abarca el presente informe, las autoridades continuaron con investigaciones
importantes sobre delitos relacionados con el trabajo forzado. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad
trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de
Personas durante los allanamientos. En 2011, las autoridades realizaron 196 investigaciones preliminares
y a fines de 2011, existían 167 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país. Durante el
período del presente informe, la Justicia logró condenar a 19 personas relacionadas con el delito de trata
de personas, dentro de las cuales se encontraban tres tratantes que explotaban laboralmente a víctimas
bolivianas en talleres clandestinos que recibieron penas privativas de la libertad de 2 a 17 años. Con
respecto al año 2010, las autoridades informaron 15 condenas por trata de personas con fines de
explotación sexual y ninguna condena por trata con fines de explotación laboral.
Organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno destacaron los esfuerzos significativos
llevados a cabo por el nuevo Ministerio de Seguridad, creado en diciembre de 2010, para coordinar los
esfuerzos de distintos organismos nacionales de aplicación de la ley, crear un sistema de base de datos
para los delitos de trata de personas e implementar protocolos con otros ministerios para fortalecer la
colaboración a nivel nacional. El gobierno nacional mantuvo la oficina Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, que
también interviene en acciones penales derivadas de secuestros. La UFASE coordinó este trabajo con las
unidades anti-trata de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Asimismo, al menos 10 provincias
mantuvieron sus propias unidades especializadas de aplicación de la ley para investigar delitos
relacionados con la trata de personas. Algunas organizaciones no gubernamentales informaron que la
coordinación a nivel provincial entre funcionarios de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales fue
débil en algunos casos. Si bien el delito de la trata continuó siendo un delito federal, algunos casos de trata
fueron investigados o procesados a nivel provincial en virtud de otras leyes tales como las que penalizan la
servidumbre o la promoción de la prostitución, debido a la falta de conocimiento o al deseo de impulsar
casos a nivel local y dichos casos no fueron transferidos a las autoridades federales pertinentes. Algunos
funcionarios y organizaciones no gubernamentales manifestaron que se producen demoras significativas
por confusión respecto de cuál es la autoridad con jurisdicción en cada caso y en algunas causas se
desecharon pruebas durante el proceso. El gobierno continuó brindando a los trabajadores sociales,
funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, capacitación para combatir la trata de personas; en
ocasiones, junto a organizaciones internacionales. Durante el año, la Procuraduría General de la Nación
emitió pautas detalladas sobre la forma de investigar casos de trata de personas con fines de explotación
laboral y el Ministerio de Seguridad estableció procedimientos escritos para las fuerzas de seguridad
nacionales sobre la forma de conducir investigaciones relacionadas con casos de trata de personas.
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios
provinciales, municipales y en menor medida, nacionales, participaron directa o indirectamente en delitos
de trata de personas. Presuntamente, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas
con la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o advierten a los propietarios de
burdeles sobre allanamientos inminentes y se presume que algunos jueces no investigaron en forma
adecuada los indicios de complicidad oficial en casos de trata de personas. Las autoridades continuaron investigando a 75 funcionarios de la Policía Federal removidos de sus cargos por complicidad en casos de
trata y el ex jefe de la unidad anti-trata de la policía siguió bajo investigación por su presunta vinculación
con burdeles. Sin embargo, durante el año 2011, el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario
gubernamental involucrado en la trata de personas.
Protección
Durante el año, el gobierno informó haber identificado y asistido una cantidad record de víctimas; si bien
los servicios fueron dispares en todo el país. Varias organizaciones no gubernamentales y algunos
funcionarios manifestaron que los recursos destinados por el gobierno a la protección de las víctimas de la
trata parecieron ser insuficientes en comparación con la gran cantidad de víctimas identificadas. Algunas
ONG manifestaron que algunos funcionarios caratularon erróneamente casos de explotación laboral como
trata de personas. El Ministerio de Seguridad informó la identificación de alrededor de 1.000 víctimas,
muchas de las cuales eran ciudadanos adultos bolivianos y paraguayos explotados bajo la modalidad de
trabajo forzado. Por el contrario, en años anteriores, las autoridades identificaron más víctimas de la trata
con fines de explotación sexual que de trabajo forzado. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas que posee un equipo interdisciplinario en Buenos Aires, tomó las
declaraciones iniciales de las víctimas, generalmente dentro de la semana posterior a su identificación e
informó haber prestado servicios de emergencia posteriores al rescate a algunas de las víctimas de la trata
tales como asesoramiento legal, atención médica y psicológica. Dicha oficina informó a la prensa la
asistencia a 1.597 víctimas de la trata de personas durante el 2011. Sin embargo la Relatora Especial y
otros funcionarios puntualizaron que esta cantidad representaba el número total de personas encontradas
en allanamientos, no sólo las víctimas y las ONG brindaron opiniones diversas sobre la efectividad de la
oficina e inclusive algunas afirmaron que utilizó procedimientos viciados para entrevistar a las víctimas.
Según las organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios, la calidad y nivel de asistencia a las
víctimas variaron según la provincia y la mayoría de estas no disponían de recursos asignados para
brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas, especialmente de las víctimas de la trata con
fines de explotación laboral. Después de la declaración inicial de las víctimas, la Secretaría para la Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social fue responsable de
brindar asistencia posterior al rescate en colaboración con las autoridades provinciales. Sin embargo, los
servicios especializados y los esfuerzos de reintegración fueron limitados. La SENAF informó haber
asistido a 134 víctimas en forma directa y a más de 500 en colaboración con otros organismos
provinciales, de las cuales el 63 % decidió regresar a su país de origen mientras que sólo el 3% decidió
permanecer en el país y solicitó asistencia de la SENAF. Las autoridades no informaron qué servicios
específicos fueron ofrecidos o recibieron las víctimas por parte de la SENAF y algunos funcionarios y ONG
manifestaron que, con frecuencia, los mecanismos de asistencia a las víctimas no fueron claros. Tampoco
estuvo claro en qué medida las víctimas extranjeras fueron informadas plenamente de sus opciones antes
de ser repatriadas. Sólo el 5% de las víctimas asistidas eran argentinas. Las organizaciones no
gubernamentales manifestaron que ciertas prácticas del gobierno nacional que determina la repatriación rápida de las víctimas a su país o provincia de origen no siempre redundaron en el mejor interés de las
víctimas y afirmaron que las entidades nacionales no derivan a las víctimas en forma sistemática a los
servicios especializados en sus comunidades de origen. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas mantuvo un refugio en la capital para brindar asistencia temporaria a las
víctimas de la trata de personas antes de brindar su declaración inicial, si bien no fue claro cuántas de las
víctimas identificadas durante el año permanecieron en este refugio o dónde fueron alojadas
inmediatamente después de los allanamientos. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales
mantuvieron cinco refugios para mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual en
todo el país, algunos junto a una organización civil. En áreas sin estos refugios especializados, las
víctimas de la trata pudieron ser derivadas a refugios administrados por el gobierno para víctimas de
violencia doméstica o niños en riesgo, si bien no estuvo claro si las víctimas recibieron asistencia en estas
instituciones durante el período que abarca el presente informe. Las autoridades argentinas alentaron a las
víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes y algunas víctimas
lo hicieron durante el año. No hubo informes específicos sobre víctimas identificadas que fueran privadas
de su libertad o penalizadas por cometer actos ilícitos en relación directa con la trata. Durante el período
cubierto por este informe, las autoridades informaron haber otorgado residencia temporaria a algunas
víctimas extranjeras. La política de inmigración argentina contempla la posibilidad de otorgar residencia
permanente, si bien esta disposición no se aplica solamente a los casos de trata y no hubo datos precisos
de la cantidad de víctimas extranjeras que recibieron estos permisos de residencia durante el año. El
gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada.
Prevención
El gobierno de Argentina sostuvo actividades de prevención durante el año. La Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación lideró dos reuniones interministeriales informales por semana. Sin embargo las
organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios afirmaron que la coordinación deficiente entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguió obstaculizando la efectividad de los esfuerzos para
combatir la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para iniciativas
provinciales y municipales contra la trata. Las autoridades informaron la financiación de esfuerzos de
concientización pública que incluyeron anuncios de servicios públicos relacionados con la trata de
personas, difundidos en micros de larga distancia o por televisión.
La UFASE publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2011. En julio de 2011, la
Presidenta emitió un decreto que prohíbe los avisos clasificados de servicios sexuales en periódicos y
revistas y creó una oficina de monitoreo para asegurar el cumplimiento de dicha prohibición. Algunas
organizaciones no gubernamentales y medios declararon que dicho decreto era inconstitucional dado que
la prostitución seguía siendo legal en Argentina. En un esfuerzo por prevenir el uso del trabajo forzado, la
provincia de Mendoza aprobó una ley que prohíbe a las empresas en las que se haya comprobado que
emplean trabajo infantil o utilizan trabajo esclavo acogerse a beneficios impositivos, económicos,
financieros o de cualquier tipo ofrecidos por la provincia, durante un período de dos años. Las ONG continuaron informando algunos casos aislados de turismo sexual infantil, si bien no se registraron
investigaciones ni procesamientos por este tipo de delito. El gobierno no informó haber brindado
capacitación para combatir la trata a tropas argentinas previo a su despliegue en el extranjero en
operaciones internacionales de mantenimiento de la paz
Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas
ARGENTINA (Categoría 2)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas de la trata con fines de
explotación sexual provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la
prostitución en centros urbanos o provincias más prósperas del centro y sur del país. Gran cantidad de
mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú y en menor grado, de Brasil y
República Dominicana son forzados a ejercer la prostitución en Argentina. Gran cantidad de ciudadanos
bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte
del país son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agrícolas y servicio
doméstico. Funcionarios informaron que en la Capital Federal podrían existir algunas víctimas de la trata
con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Argentina es un país de
tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile,
Brasil, México y Europa Occidental. Asimismo, algunas mujeres y niñas argentinas han sido víctimas de la
trata con fines de explotación sexual en otros países. Funcionarios argentinos informaron que en 2011, la
cantidad identificada de víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso fue tres veces mayor que la
cantidad de víctimas con fines de explotación sexual identificadas durante el mismo año.
El gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de
personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido. Durante el año pasado, el
gobierno de Argentina informó haber identificado un número récord de víctimas de la trata, cuya mayoría
eran personas extranjeras sometidas a trabajo forzado. Se incrementaron las acciones judiciales y
condenas de los tratantes y se diseñaron numerosos protocolos y pautas contra la trata de personas
destinados a distintos actores del gobierno. El gobierno de Argentina subvencionó cinco refugios para las
víctimas de la trata, uno de los cuales recibió fondos del gobierno federal y el resto, recibió recursos de las
autoridades provinciales o municipales. No obstante ello, los servicios especializados para las víctimas de
la trata continúan siendo dispares en todo el país; la superposición de competencias y la falta de
coordinación entre las autoridades federales y provinciales causaron demoras en algunas investigaciones
y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos
funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha
contra la trata.Recomendaciones para Argentina: Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir
la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, procesamiento y condenas a los
tratantes, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito; destinar más
recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel
nacional y provincial y en colaboración con las ONG; continuar con las capacitaciones en materia de trata
para agentes de seguridad, personal judicial y demás funcionarios públicos; desarrollar e implementar
protocolos para funcionarios a nivel provincial/municipal a fin de identificar y asistir a las víctimas de la
trata; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los
activos relacionados con este delito; continuar aumentando la cantidad de investigaciones relacionadas
con los delitos de trabajo forzoso y sometimiento a la servidumbre doméstica en zonas rurales y urbanas y
hacer judicialmente responsables a las empresas cuyas cadenas de abastecimiento se benefician del
trabajo forzado; continuar fortaleciendo la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente, mediante el desarrollo
de un plan nacional contra la trata de personas y continuar los esfuerzos a nivel nacional para concientizar
sobre todas las formas de trata.
Persecución penal
El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley para
combatir la trata de personas, especialmente a través del aumento en las acciones penales y condenas; si
bien las ONG, los medios y algunos funcionarios siguieron informando niveles significativos de complicidad
no abordados en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales.
Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364, que establece penas privativas de la
libertad que van de tres a quince años. Dichas penas son lo suficientemente severas y equivalentes o
superiores a las previstas para otros delitos graves como la violación. La actual ley de combate de la trata
no establece expresamente que el consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad sea
irrelevante, aún cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción. El Senado aprobó una enmienda de
dicha ley durante el presente año, que contempla, inter alia, el tema del consentimiento inicial de la
víctima. A fin de año, dicha enmienda se encontraba a la espera de aprobación por parte de la Cámara de
Diputados. Esta propuesta de enmienda también definía la “trata de personas” como el componente inicial
de un proceso que difiere de la “explotación”, considerada el final del proceso. Esta terminología reflejó un
cambio más amplio en el uso del término “trata de personas” por parte de los funcionarios argentinos, que
es más restrictivo que la definición utilizada en el Protocolo de Naciones Unidas sobre Trata de Personas
del año 2000. Organizaciones no gubernamentales y funcionarios manifestaron que las autoridades
aplicaron con frecuencia en las investigaciones y procesamientos de casos de trata de personas con fines
de explotación sexual, leyes arcaicas relativas al uso de preservativos contra las personas que operaban
lugares que ofrecían servicios sexuales. Durante el período que abarca el presente informe, las autoridades continuaron con investigaciones
importantes sobre delitos relacionados con el trabajo forzado. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad
trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de
Personas durante los allanamientos. En 2011, las autoridades realizaron 196 investigaciones preliminares
y a fines de 2011, existían 167 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país. Durante el
período del presente informe, la Justicia logró condenar a 19 personas relacionadas con el delito de trata
de personas, dentro de las cuales se encontraban tres tratantes que explotaban laboralmente a víctimas
bolivianas en talleres clandestinos que recibieron penas privativas de la libertad de 2 a 17 años. Con
respecto al año 2010, las autoridades informaron 15 condenas por trata de personas con fines de
explotación sexual y ninguna condena por trata con fines de explotación laboral.
Organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno destacaron los esfuerzos significativos
llevados a cabo por el nuevo Ministerio de Seguridad, creado en diciembre de 2010, para coordinar los
esfuerzos de distintos organismos nacionales de aplicación de la ley, crear un sistema de base de datos
para los delitos de trata de personas e implementar protocolos con otros ministerios para fortalecer la
colaboración a nivel nacional. El gobierno nacional mantuvo la oficina Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, que
también interviene en acciones penales derivadas de secuestros. La UFASE coordinó este trabajo con las
unidades anti-trata de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Asimismo, al menos 10 provincias
mantuvieron sus propias unidades especializadas de aplicación de la ley para investigar delitos
relacionados con la trata de personas. Algunas organizaciones no gubernamentales informaron que la
coordinación a nivel provincial entre funcionarios de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales fue
débil en algunos casos. Si bien el delito de la trata continuó siendo un delito federal, algunos casos de trata
fueron investigados o procesados a nivel provincial en virtud de otras leyes tales como las que penalizan la
servidumbre o la promoción de la prostitución, debido a la falta de conocimiento o al deseo de impulsar
casos a nivel local y dichos casos no fueron transferidos a las autoridades federales pertinentes. Algunos
funcionarios y organizaciones no gubernamentales manifestaron que se producen demoras significativas
por confusión respecto de cuál es la autoridad con jurisdicción en cada caso y en algunas causas se
desecharon pruebas durante el proceso. El gobierno continuó brindando a los trabajadores sociales,
funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, capacitación para combatir la trata de personas; en
ocasiones, junto a organizaciones internacionales. Durante el año, la Procuraduría General de la Nación
emitió pautas detalladas sobre la forma de investigar casos de trata de personas con fines de explotación
laboral y el Ministerio de Seguridad estableció procedimientos escritos para las fuerzas de seguridad
nacionales sobre la forma de conducir investigaciones relacionadas con casos de trata de personas.
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios
provinciales, municipales y en menor medida, nacionales, participaron directa o indirectamente en delitos
de trata de personas. Presuntamente, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas
con la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o advierten a los propietarios de
burdeles sobre allanamientos inminentes y se presume que algunos jueces no investigaron en forma
adecuada los indicios de complicidad oficial en casos de trata de personas. Las autoridades continuaron investigando a 75 funcionarios de la Policía Federal removidos de sus cargos por complicidad en casos de
trata y el ex jefe de la unidad anti-trata de la policía siguió bajo investigación por su presunta vinculación
con burdeles. Sin embargo, durante el año 2011, el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario
gubernamental involucrado en la trata de personas.
Protección
Durante el año, el gobierno informó haber identificado y asistido una cantidad record de víctimas; si bien
los servicios fueron dispares en todo el país. Varias organizaciones no gubernamentales y algunos
funcionarios manifestaron que los recursos destinados por el gobierno a la protección de las víctimas de la
trata parecieron ser insuficientes en comparación con la gran cantidad de víctimas identificadas. Algunas
ONG manifestaron que algunos funcionarios caratularon erróneamente casos de explotación laboral como
trata de personas. El Ministerio de Seguridad informó la identificación de alrededor de 1.000 víctimas,
muchas de las cuales eran ciudadanos adultos bolivianos y paraguayos explotados bajo la modalidad de
trabajo forzado. Por el contrario, en años anteriores, las autoridades identificaron más víctimas de la trata
con fines de explotación sexual que de trabajo forzado. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas que posee un equipo interdisciplinario en Buenos Aires, tomó las
declaraciones iniciales de las víctimas, generalmente dentro de la semana posterior a su identificación e
informó haber prestado servicios de emergencia posteriores al rescate a algunas de las víctimas de la trata
tales como asesoramiento legal, atención médica y psicológica. Dicha oficina informó a la prensa la
asistencia a 1.597 víctimas de la trata de personas durante el 2011. Sin embargo la Relatora Especial y
otros funcionarios puntualizaron que esta cantidad representaba el número total de personas encontradas
en allanamientos, no sólo las víctimas y las ONG brindaron opiniones diversas sobre la efectividad de la
oficina e inclusive algunas afirmaron que utilizó procedimientos viciados para entrevistar a las víctimas.
Según las organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios, la calidad y nivel de asistencia a las
víctimas variaron según la provincia y la mayoría de estas no disponían de recursos asignados para
brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas, especialmente de las víctimas de la trata con
fines de explotación laboral. Después de la declaración inicial de las víctimas, la Secretaría para la Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social fue responsable de
brindar asistencia posterior al rescate en colaboración con las autoridades provinciales. Sin embargo, los
servicios especializados y los esfuerzos de reintegración fueron limitados. La SENAF informó haber
asistido a 134 víctimas en forma directa y a más de 500 en colaboración con otros organismos
provinciales, de las cuales el 63 % decidió regresar a su país de origen mientras que sólo el 3% decidió
permanecer en el país y solicitó asistencia de la SENAF. Las autoridades no informaron qué servicios
específicos fueron ofrecidos o recibieron las víctimas por parte de la SENAF y algunos funcionarios y ONG
manifestaron que, con frecuencia, los mecanismos de asistencia a las víctimas no fueron claros. Tampoco
estuvo claro en qué medida las víctimas extranjeras fueron informadas plenamente de sus opciones antes
de ser repatriadas. Sólo el 5% de las víctimas asistidas eran argentinas. Las organizaciones no
gubernamentales manifestaron que ciertas prácticas del gobierno nacional que determina la repatriación rápida de las víctimas a su país o provincia de origen no siempre redundaron en el mejor interés de las
víctimas y afirmaron que las entidades nacionales no derivan a las víctimas en forma sistemática a los
servicios especializados en sus comunidades de origen. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas mantuvo un refugio en la capital para brindar asistencia temporaria a las
víctimas de la trata de personas antes de brindar su declaración inicial, si bien no fue claro cuántas de las
víctimas identificadas durante el año permanecieron en este refugio o dónde fueron alojadas
inmediatamente después de los allanamientos. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales
mantuvieron cinco refugios para mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual en
todo el país, algunos junto a una organización civil. En áreas sin estos refugios especializados, las
víctimas de la trata pudieron ser derivadas a refugios administrados por el gobierno para víctimas de
violencia doméstica o niños en riesgo, si bien no estuvo claro si las víctimas recibieron asistencia en estas
instituciones durante el período que abarca el presente informe. Las autoridades argentinas alentaron a las
víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes y algunas víctimas
lo hicieron durante el año. No hubo informes específicos sobre víctimas identificadas que fueran privadas
de su libertad o penalizadas por cometer actos ilícitos en relación directa con la trata. Durante el período
cubierto por este informe, las autoridades informaron haber otorgado residencia temporaria a algunas
víctimas extranjeras. La política de inmigración argentina contempla la posibilidad de otorgar residencia
permanente, si bien esta disposición no se aplica solamente a los casos de trata y no hubo datos precisos
de la cantidad de víctimas extranjeras que recibieron estos permisos de residencia durante el año. El
gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada.
Prevención
El gobierno de Argentina sostuvo actividades de prevención durante el año. La Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación lideró dos reuniones interministeriales informales por semana. Sin embargo las
organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios afirmaron que la coordinación deficiente entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguió obstaculizando la efectividad de los esfuerzos para
combatir la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para iniciativas
provinciales y municipales contra la trata. Las autoridades informaron la financiación de esfuerzos de
concientización pública que incluyeron anuncios de servicios públicos relacionados con la trata de
personas, difundidos en micros de larga distancia o por televisión.
La UFASE publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2011. En julio de 2011, la
Presidenta emitió un decreto que prohíbe los avisos clasificados de servicios sexuales en periódicos y
revistas y creó una oficina de monitoreo para asegurar el cumplimiento de dicha prohibición. Algunas
organizaciones no gubernamentales y medios declararon que dicho decreto era inconstitucional dado que
la prostitución seguía siendo legal en Argentina. En un esfuerzo por prevenir el uso del trabajo forzado, la
provincia de Mendoza aprobó una ley que prohíbe a las empresas en las que se haya comprobado que
emplean trabajo infantil o utilizan trabajo esclavo acogerse a beneficios impositivos, económicos,
financieros o de cualquier tipo ofrecidos por la provincia, durante un período de dos años. Las ONG continuaron informando algunos casos aislados de turismo sexual infantil, si bien no se registraron
investigaciones ni procesamientos por este tipo de delito. El gobierno no informó haber brindado
capacitación para combatir la trata a tropas argentinas previo a su despliegue en el extranjero en
operaciones internacionales de mantenimiento de la paz
miércoles, 18 de septiembre de 2013
SIRIA
Un hito histórico vergonzoso: Un millón de niños refugiados debido a la crisis de Siria
GINEBRA/NUEVA YORK, 23 de agosto de 2013 – Cuando la guerra en Siria entra ya en su tercer año, el número de niños y niñas sirios obligados a huir de su patria como refugiados alcanzará el millón.
“Este millonésimo niño refugiado no representa sólo una cifra estadística más”, señaló Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF. “Se trata de un niño o una niña real que ha sido arrancado de su hogar, quizá hasta separado de su familia, y que sufre horrores que nosotros no podemos comprender plenamente”.
“Todos debemos compartir la vergüenza”, añadió Lake, “porque aunque trabajamos para aliviar los sufrimientos de las personas afectadas por la crisis, la comunidad mundial no ha cumplido con su responsabilidad hacia ese niño. Deberíamos preguntarnos honestamente si podemos continuar fallándoles a los niños y niñas de Siria”.
“Lo que está en juego es ni más ni menos que la supervivencia y el bienestar de toda una generación de seres humanos inocentes”, comentó António Guterres, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Los niños, niñas y jóvenes de Siria están perdiendo sus hogares, sus familiares y su futuro. Aunque crucen las fronteras y se pongan a salvo, esos menores están traumatizados y deprimidos y necesitan urgentemente razones para sentirse esperanzados”.
Según datos de esos dos organismos de las Naciones Unidas, los niños y niñas constituyen la mitad de los refugiados del conflicto de Siria. En su mayoría, han logrado refugio en el Líbano, Jordania, Turquía, el Iraq y Egipto. De manera creciente, las personas y familias que huyen de Siria se dirigen a África del Norte y Europa.
Los datos más recientes demuestran que circa de 740.000 niños y niñas refugiados sirios son menores de 11 años.
En Siria, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el conflicto ya ha dejado un saldo de unos 7.000 niños y niñas muertos. El ACNUR y UNICEF calculan que más de dos millones de niños y niñas sirios han sufrido desplazamiento dentro de su país.
Los trastornos físicos, el miedo, el estrés y los traumas que sufren muchos niños y niñas constituyen sólo una parte de la crisis humana en Siria. Tanto el ACNUR como UNICEF destacan también que los niños y niñas refugiados son vulnerables al trabajo infantil, el matrimonio prematuro, la explotación sexual y la trata de personas. Más de 3.500 niños y niñas que hoy se encuentran en Jordania, el Líbano y el Iraq cruzaron las fronteras desde Siria sin acompañantes o separados de sus familias.
Ante una crisis de tal magnitud, el ACNUR y UNICEF prestan apoyo a millones de niños, niñas y familias mediante la mayor operación de ayuda humanitaria de la historia.
En el marco de esa campaña, por ejemplo, más de 1,3 millones de niños y niñas sirios alojados en campamentos de refugiados y comunidades anfitrionas en países vecinos han sido vacunados contra el sarampión gracias al apoyo de UNICEF y sus aliados. Unos 167.000 niños y niñas refugiados han recibido apoyo psicosocial; más de 118.000 han seguido recibiendo educación escolar o no estructurada; y más de 222.000 personas han recibido suministros de agua.
El ACNUR también ha inscrito en un registro civil a más de un millón de niños y niñas refugiados, que de esta manera cuentan con su identidad personal. Ese organismo posibilita también que los hijos de padres y madres refugiados obtengan partidas de nacimiento que impiden que los recién nacidos sean apátridas. El ACNUR también garantiza que todos esos niños, niñas y familias cuenten con alguna forma de vivienda segura.
Sin embargo, el ACNUR y UNICEF afirman que queda mucho por hacer. El Plan regional de respuesta a la situación de los refugiados en Siria, que solicita 3.000 millones de dólares para dar respuesta hasta diciembre de este año a las graves necesidades de los refugiados, sólo ha recibido el 38% de los fondos requeridos.
Ante la crisis siria, se han realizado llamamientos por más de 5.000 millones de dólares orientados a satisfacer las necesidades urgentes en materia de educación, atención de la salud y otros servicios para los niños sirios, así como para los niños y niñas de las comunidades anfitrionas. Es necesario invertir más recursos en el establecimiento de redes sólidas para individualizar a los niños y niñas refugiados en situación vulnerable y prestarles apoyo, al igual que a sus comunidades anfitrionas.
Sin embargo, para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas afectados, se requiere más que un aumento de los fondos disponibles.
Es necesario que, al mismo tiempo que se redoblan los esfuerzos para lograr una solución política a la crisis de Siria, las partes involucradas en el conflicto pongan fin al reclutamiento de menores y a los ataques dirigidos a la población civil. Se debe garantizar que los niños, niñas y sus familias puedan salir de Siria sin peligro y se deben mantener abiertas las fronteras para que puedan cruzarlas de manera segura.
Finalmente, el ACNUR y UNICEF afirman que quienes no cumplan con esas obligaciones establecidas por el derecho humanitario internacional deben ser obligados a rendir cuenta de sus acciones.
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Atención emisoras y editores: Hay material de archivo y fotografías disponibles en:http://weshare.unicef.org/MediaResources
Atención emisoras y editores: Hay material de archivo y fotografías disponibles en:http://weshare.unicef.org/MediaResources
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en 190 países y territorios para ayudar a los niños a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y nutrición, agua y saneamiento adecuados, educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor visite: www.unicef.org
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Juliette Touma, Oficina Regional de UNICEF para el Oriente Medio y África del Norte, Tel: +962 79 867 4628, jtouma@unicef.org
Marixie Mercado, UNICEF Ginebra, Tel +41 22 909 5716; Celular +41 79 756 7703, mmercado@unicef.org
Adrian Edwards, ACNUR Ginebra, Celular +41795579122, email:Edwards@unhcr.org
Peter Kessler, ACNUR Ammán, Celular +962796317901, email: Kessler@unhcr.org
Dan McNorton, ACNUR Ginebra, Ginebra +41 79 217 3011, email: mcnorton@unhcr.org
Kate Donovan, UNICEF Nueva York, Tel +1 212 326 7452, Mobile +1 917 378 2128, kdonovan@unicef.org
sábado, 14 de septiembre de 2013
VIOLENCIA LABORAL
Pasos a seguir para eliminar el hostigamiento sexual y laboral en las empresas
En los años 70, Lois Jenson, junto con otras mujeres, comenzó a trabajar en una mina de Minnesota (EE.UU.). En aquellos años las mujeres se incorporaban poco a poco al mercado laboral, enfrentando el rechazo de sus compañeros. Durante el trabajo, estas mujeres fueron hostigadas a través de insultos, abusos y cualquier tipo de comportamiento vejatorio, a menudo de naturaleza sexual.
Han pasado más de 40 años, hemos cambiado de siglo y seguimos enfrentando este tipo de violencia. El acoso laboral o mobbing implica el ejercicio de la violencia psicológica prolongada en el tiempo, conductas hostiles que pueden llegar a agresiones físicas dentro o fuera del trabajo por parte de compañeros/as, de subalternos o de superiores. El acoso sexual es una conducta de solicitud de favores sexuales, alusiones y comentarios incómodos en el plano sexual. Se puede ejercer de muchas formas, siempre sin tener el consentimiento de la persona que recibe el mensaje. El acoso sexual y laboral es la manifestación más clara de una relación de poder en ámbito laboral que puede darse tanto en una relación jerárquica entre personas (empleadores y empleados) como en una relación horizontal (entre compañeros/as de trabajo).
Si bien estos tipos de violencia se pueden aplicar a ambos sexos o personas del mismo sexo, mayor y más extendidamente suceden de hombres a mujeres. Ya que como plantea un último estudio de la OIT el acoso sexual y laboral se relaciona a cómo los hombres viven y proyectan su masculinidad
Aunque el caso de Lois fue considerado una demanda de acoso sexual, en realidad presentaba también todos los componentes de violencia y acoso psicológico para excluirla, a ella y sus compañeras, del espacio de trabajo. Lo que hoy entendemos por acoso laboral o mobbing.
La eliminación de este tipo de violencia es parte de los procesos que se trabajan dentro de los Programas de Certificación de Igualdad de Género. Las recomendaciones para eliminar el acoso sexual y laboral en las empresas e instituciones públicas que se hacen desde la Comunidad del Sello de Igualdad incluyen tanto la prevención y detección como la sanción.
¿Cómo prevenimos? Para prevenir es fundamental implementar programas de sensibilización y campañas para trabajar con el conjunto del personal el desaliento y la “tolerancia cero” respecto a este tipo de comportamientos. A menudo el señalamiento social, el descreimiento, el repudio y crítica por parte de los compañeros, miedo a las represalias laborales y la necesidad económica son algunas de las causas que llevan a las víctimas a guardar silencio y aguantar. Otras veces abandonan el trabajo y el caso queda invisibilizado.
¿Cómo identificamos el conflicto? Recuerda que en el acoso sexual y laboral las víctimas pueden ser mujeres u hombres y que el acoso adopta múltiples y variadas formas. Tristemente a menudo cuenta con el aval social y se apoya en las más variadas y extravagantes justificaciones machistas arriagadas en nuestra cultura. Por eso es importante que se registren, monitoreen y procesen quejas y denuncias de los casos ocurridos.
Para resolver el conflicto hay que identificarlo. Tenemos que establecer y difundir claramente los procedimientosy mecanismos existentes y contar con especialistas en la temática para la resolución del conflicto. A Lois Jenson le recomendaron guardar silencio ante los abusos de sus compañeros, naturalizando y justificando el maltrato en el espacio de trabajo. Pero ella llevó el caso a juicio. Desde la primera demanda comenzó un nuevo camino de constantes humillaciones que duró otros 10 años.
Parece increíble que, en el siglo XXI, si una persona sufre acoso laboral o sexual en su trabajo no sepa adónde recurrir, pero esta es la triste realidad que existe en la mayoría de los espacios de trabajo.
Parece increíble que, en el siglo XXI, si una persona sufre acoso laboral o sexual en su trabajo no sepa adónde recurrir, pero esta es la triste realidad que existe en la mayoría de los espacios de trabajo.
¿Cómo sancionamos? Los procedimientos también deben incorporar medidas correctivasy establecer claros mecanismos de denuncia y sanción a quién comete el acoso. Si las personas que ejercen este tipo de violencia no paran por respeto o convicción, al menos que lo hagan por miedo a las consecuencias.
La historia de Lois Jenson es referente porque fue la primera demanda de acoso sexual ganada en EEUU.
Corto recomendado: Recursos humanos. Relaciones laborales, mobbing y acoso sexual
Post Recientes
LAS LEYES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN RELACIÓN
CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Por terroríficas que las cifras puedan parecer, no son más que la punta del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico que envuelve la violación de derechos humanos más extendida, y sin embargo más tolerada e impune: la violencia contra las mujeres (CEPAL, 2007). Las razones de esta invisibilidad estadística son diversas: la renuencia de las víctimas a presentar denuncias; el desconocimiento y/o reticencia del personal sanitario y policial a registrar situaciones de agresiones a mujeres como casos de violencia de género; la debilidad de los sistemas de registro estadístico y la descoordinación y no comparabilidad entre los registros empleados en cada institución, etc. Esta situación hace que sea imposible conocer las dimensiones reales del problema, y darle una respuesta integral y efectiva.
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| Políticas que transforman |
En los últimos años, se están dando importantes pasos en la región para erradicar la violencia contra las mujeres (VCM). El avance más importante ha sido sacar del ámbito privado la violencia de género, donde era visto como un asunto privado y ajeno a la intervención del Estado. Gracias al impulso del movimiento amplio de mujeres, se ha llevado a la esfera pública y se empieza a situar como un problema social, reconociéndose que la VCM es una violación de los derechos humanos.
También, se ha evidenciado que la VCM supone un grave problema de salud pública, que compromete la salud física, erosiona la autoestima y el bienestar emocional y atenta contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Representa asimismo un freno para el desarrollo de los pueblos, en razón de los altos costos sociales y económicos que impone a las propias mujeres, la comunidad y el Estado. Actualmente se está empezando a conceptualizar la VCM como un grave problema de (in)seguridad ciudadana, que compromete la gobernabilidad democrática de las sociedades. Por tanto, su erradicación requiere de intervenciones integrales y coordinadas intra e intersectorialmente, que involucren a los actores estatales y la sociedad civil y abarquen los distintos ámbitos; educación, cultura, salud, seguridad, protección social, justicia, legislación y políticas públicas.
Definir qué es la VCM no ha sido una cuestión fácil. La definición más comúnmente aceptada en la actualidad es la establecida en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por las Naciones Unidas en 1993, en donde se entiende por violencia contra la mujer: “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Además, la declaración reconoce que la VCM es “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres” y “uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”. Así, permite una mejor comprensión de las causas y da pautas para un abordaje integral del problema.
A nivel regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), recoge las demandas del movimiento de mujeres del continente y las convierte en compromisos para los Estados. En ella se reafirma que la raíz de la violencia son las relaciones desiguales de poder entre los géneros y que ésta incluye la violencia física, sexual y psicológica.
Definir qué es la VCM no ha sido una cuestión fácil. La definición más comúnmente aceptada en la actualidad es la establecida en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por las Naciones Unidas en 1993, en donde se entiende por violencia contra la mujer: “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Además, la declaración reconoce que la VCM es “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres” y “uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”. Así, permite una mejor comprensión de las causas y da pautas para un abordaje integral del problema.
A nivel regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), recoge las demandas del movimiento de mujeres del continente y las convierte en compromisos para los Estados. En ella se reafirma que la raíz de la violencia son las relaciones desiguales de poder entre los géneros y que ésta incluye la violencia física, sexual y psicológica.
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Todos los países de América Latina y el Caribe han firmado la Convención, y han ido adoptadoleyes y modificado sus códigos penales y civiles de conformidad con la misma. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones se centran en la violencia doméstica y sexual y dejan sin atender otras manifestaciones de la violencia; son muchos los países que todavía privilegian la mediación y conciliación en casos de VCM, e incluso algunos países mantienen aún disposiciones jurídicas que eximen al agresor de actos de violación si contrae matrimonio con la víctima, o que consideran las agresiones sexuales como delitos contra el honor.
La mayoría de los países de la Región han formulado planes y programas de lucha contra la VCM. En general, estos programas están a cargo del Mecanismo Nacional de Igualdad, que coordina su implementación con los sectores de salud, justicia, seguridad y educación, así como con redes y organizaciones de mujeres. No obstante, el impacto de estos programas ha sido muy limitado debido a la falta de voluntad política, que se traduce en bajos presupuestos y discontinuidad de los programas; en la baja cobertura y calidad de los servicios de atención implantados; en la débil articulación interinstitucional e intersectorial; en la ausencia de auténticas políticas nacionales de prevención y en la atención marginal prestada al empoderamiento y promoción de la autonomía de las mujeres (CEPAL, 2007).
Las políticas y acciones impulsadas por instituciones gubernamentales y la sociedad civil, para mejorar la atención a las víctimas y la reparación del daño físico, psicológico, económico y social provocado por la violencia, son sin duda importantes avances. Sin embargo, sus efectos serán muy limitados y su carácter meramente paliativo, mientras no haya una voluntad firme de atacar la base misma del problema: la persistencia de patrones estereotipados de masculinidad y feminidad que otorgan a los hombres derechos de control sobre las mujeres y naturalizan el ejercicio de la violencia.
La mayoría de los países de la Región han formulado planes y programas de lucha contra la VCM. En general, estos programas están a cargo del Mecanismo Nacional de Igualdad, que coordina su implementación con los sectores de salud, justicia, seguridad y educación, así como con redes y organizaciones de mujeres. No obstante, el impacto de estos programas ha sido muy limitado debido a la falta de voluntad política, que se traduce en bajos presupuestos y discontinuidad de los programas; en la baja cobertura y calidad de los servicios de atención implantados; en la débil articulación interinstitucional e intersectorial; en la ausencia de auténticas políticas nacionales de prevención y en la atención marginal prestada al empoderamiento y promoción de la autonomía de las mujeres (CEPAL, 2007).
Las políticas y acciones impulsadas por instituciones gubernamentales y la sociedad civil, para mejorar la atención a las víctimas y la reparación del daño físico, psicológico, económico y social provocado por la violencia, son sin duda importantes avances. Sin embargo, sus efectos serán muy limitados y su carácter meramente paliativo, mientras no haya una voluntad firme de atacar la base misma del problema: la persistencia de patrones estereotipados de masculinidad y feminidad que otorgan a los hombres derechos de control sobre las mujeres y naturalizan el ejercicio de la violencia.
https://twitter.com/PNUD_ALGenera
domingo, 8 de septiembre de 2013
PAZ
Por un mundo en paz.
No a la guerra contra Siria ni en otra
parte del mundo,
Estados Unidos no puede decidir
los destinos de los países.
sábado, 7 de septiembre de 2013
¿Quién quiere la guerra?
UNICEF: CASI DOS MILLONES DE CHICOS SIRIOS DEJARON ESCUELA
Cerca de dos millones de niños debieron abandonar forzosamente la educación primaria en Siria, y la mitad huyó a países vecinos, donde tampoco van a la escuela, informó hoy el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).
Luego de más de dos años de guerra, en toda Siria cerca de 3.000 escuelas están total o parcialmente destruidas y unas 930 se usan como refugios para los desplazados, dijo una vocera de UNICEF en rueda de prensa en Ginebra.
Las escuelas que funcionan no tienen capacidad para recibir a los niños desplazados por falta de aulas, mobiliario, material, libros y profesores, dijo la portavoz Marixie Mercado.
Las norteñas provincias sirias de Idlib y Alepo son las más afectadas con 1.200 colegios destrozados y con un caída en la asistencia escolar del 30% y el 23%, respectivamente.
"Para un país que estaba a punto de lograr la educación primaria universal antes del inicio del conflicto armado, en 2011, estas cifras son impactantes", señaló Mercado, citada por la agencia de noticias EFE.
La vocera alertó además del peligro inminente de que los niños sirios se conviertan en "una generación perdida".
Para facilitar la educación de estos niños, UNICEF planea lanzar este mes, junto el Ministerio de Educación del país, un programa de enseñanza en el hogar, que permitiría a los 400.000 niños que todavía viven en las zonas de conflicto seguir recibiendo clases.
El organismo ya desplegó en el país 70 de las 300 aulas prefabricadas que enviará a Siria y está repartiendo entre más de un millón de niños mochilas y material escolar, además de reclutar más profesores.
Sin embargo, desde UNICEF advierten de que se necesitan 20 millones de dólares adicionales (15,2 millones de euros) para imprimir y distribuir ocho millones de libros de texto y rehabilitar las infraestructuras escolares del país.
Además, la agencia de la ONU está facilitando el acceso a la escuela a casi el millón de niños que viven en los campos de refugiados de los países vecinos.
En Líbano el sistema de educación pública tiene capacidad para 300.000 estudiantes libaneses, pero el gobierno estima que para finales de año habrá cerca de 550.000 estudiantes sirios, de los que sólo un 15% ha recibido clases en lo que va de este año.
En Jordania, dos tercios de los 150.000 niños sirios no tienen posibilidad de acudir a la escuela; de los que 30.000 viven en el campo de refugiados de Zaatari.
En Irak nueve de cada diez niños sirios viven en comunidades de acogida sin escuelas, sobre todo en la región autónoma de Kurdistán, que en las últimas semanas ha recibido unos 50.000 nuevos refugiados, la mitad niños.
jueves, 13 de junio de 2013
VERGÜENZA MUNDIAL....
TRABAJO INFANTIL
A pesar de los esfuerzos internacionales y las alertas cada vez más claras sobre el alcance del problema, aún más de 200 millones de niños se ven obligados a trabajar para su subsistencia, en la mayoría de los casos en formas de esclavitud, obras peligrosas, prostitución, pornografía infantil y actividades delictivas.
Según los informes presentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unicef con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio, el gran número de los menores de edad en esta situación (aproximadamente 215 millones) son consecuencia de una realidad más dramática: el 75 % de los siete mil millones de habitantes de este planeta carece de una protección social eficaz.
La gran mayoría de esos niños no van a la escuela, casi no tienen tiempo para jugar, se subalimentan y están privados del cuidado necesario.
El principal sector en que se concentra el trabajo infantil sigue siendo la agricultura, con un 60 % de los casos. De acuerdo con los datos correspondientes al último Informe Mundial de la OIT, publicado en el 2010 y cuyas cifras serán revisadas en el próximo documento de octubre del 2013, solo uno de cada cinco niños recibe un salario y la gran mayoría son familiares trabajadores no remunerados, reporta EFE.
Aparte, los datos de la OIT revelan que 115 millones de niños están involucrados en "las peores formas de trabajo infantil", que comprenden "prácticas análogas a la esclavitud". Entre estas, figuran "la servidumbre por deudas, la oferta de niños para la prostitución, su utilización para realizar actividades ilícitas y trabajos perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral".
Aunque este flagelo toca en mayor medida a las naciones en desarrollo de Asia Pacífica, África Subsahariana y América Latina, el llamado Primer Mundo no está libre del problema, especialmente tras los efectos de la crisis económica actual.
En Grecia, uno de los países europeos más devastados por la hecatombe económica de los últimos años, más de cien mil niños trabajan ilegalmente, según informó el asistente del defensor del pueblo en materia de infancia, Georgios Moschos.
"Son invisibles. Han desaparecido en un entorno social que tienen otras prioridades antes que proteger a los niños", dijo la directora de la organización Red para los derechos de los niños, Myrsine Zorba, citada por DPA.
Y no es el único caso, por las calles de las principales megaciudades europeas, miles de niños, principalmente inmigrantes, intentan buscar trabajos ilegales para colaborar con la subsistencia de sus familias.
Con motivo de este 12 de junio, la OIT y la UNICEF ratificaron el objetivo de lograr la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil para el 2016.
La UNICEF destacó en un informe difundido en Nueva York la disminución de la cantidad de menores trabajadores, estimada en 317 millones en el 2004.
Más de 200 millones de razones para la vergüenza
A pesar de los esfuerzos internacionales y las alertas cada vez más claras sobre el alcance del problema, aún más de 200 millones de niños se ven obligados a trabajar para su subsistencia, en la mayoría de los casos en formas de esclavitud, obras peligrosas, prostitución, pornografía infantil y actividades delictivas.Según los informes presentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unicef con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio, el gran número de los menores de edad en esta situación (aproximadamente 215 millones) son consecuencia de una realidad más dramática: el 75 % de los siete mil millones de habitantes de este planeta carece de una protección social eficaz.
La gran mayoría de esos niños no van a la escuela, casi no tienen tiempo para jugar, se subalimentan y están privados del cuidado necesario.
El principal sector en que se concentra el trabajo infantil sigue siendo la agricultura, con un 60 % de los casos. De acuerdo con los datos correspondientes al último Informe Mundial de la OIT, publicado en el 2010 y cuyas cifras serán revisadas en el próximo documento de octubre del 2013, solo uno de cada cinco niños recibe un salario y la gran mayoría son familiares trabajadores no remunerados, reporta EFE.
Aparte, los datos de la OIT revelan que 115 millones de niños están involucrados en "las peores formas de trabajo infantil", que comprenden "prácticas análogas a la esclavitud". Entre estas, figuran "la servidumbre por deudas, la oferta de niños para la prostitución, su utilización para realizar actividades ilícitas y trabajos perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral".
Aunque este flagelo toca en mayor medida a las naciones en desarrollo de Asia Pacífica, África Subsahariana y América Latina, el llamado Primer Mundo no está libre del problema, especialmente tras los efectos de la crisis económica actual.
En Grecia, uno de los países europeos más devastados por la hecatombe económica de los últimos años, más de cien mil niños trabajan ilegalmente, según informó el asistente del defensor del pueblo en materia de infancia, Georgios Moschos.
"Son invisibles. Han desaparecido en un entorno social que tienen otras prioridades antes que proteger a los niños", dijo la directora de la organización Red para los derechos de los niños, Myrsine Zorba, citada por DPA.
Y no es el único caso, por las calles de las principales megaciudades europeas, miles de niños, principalmente inmigrantes, intentan buscar trabajos ilegales para colaborar con la subsistencia de sus familias.
Con motivo de este 12 de junio, la OIT y la UNICEF ratificaron el objetivo de lograr la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil para el 2016.
La UNICEF destacó en un informe difundido en Nueva York la disminución de la cantidad de menores trabajadores, estimada en 317 millones en el 2004.
Al respecto, exhortó a los países a aplicar reformas legislativas y políticas enfocadas a la eliminación del trabajo infantil y a proteger a los jóvenes empleados en esa área que superan la edad mínima legal de admisión al empleo.
martes, 7 de mayo de 2013
ANTES DE PREPARAR LA CLASE, PASEMOS TIEMPO CON DIOS....
TENEMOS UN BUEN DESTINO....
Mis planes para ustedes solamente yo
los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno
de bienestar. Jeremías 29:11 (TLA)
Lectura Devocional:
En una de nuestros paseos por la montaña, un gran temporal
se desató y nosotros estábamos en carpa.
En eso momento nuestros hijos eran pequeños. Recuerdo que oramos y hasta
cantamos al Señor haciendo un esfuerzo grande por mantener la calma y esperar
que pase el mal tiempo.
Cierto día Jesús se encontraba en una barca descansando
cuando se levanto una gran tormenta. Los amigos de Jesús que estaban con El,
tuvieron mucho temor al desconocer que el poder de Dios operaba en la vida de Jesús.
Nuestro temor esta sostenido por nuestra ignorancia, al
desconocer las capacidades de Dios, esto nos sumerge en el temor acerca de nuestro
propio futuro.
La verdad es que los propios discípulos no sabían que Jesús
tenía el control de la naturaleza y sobre todo lo creado.
Es probable que estemos en medio de una tormenta y nuestro desconocimiento, no permite que
descansemos, porque en le fondo de
nuestro corazón aun no sabemos cuanto esta dispuesto nuestra amado Señor a
hacer por nosotros.
Si hemos decidido decirle SI, a la invitación de ser parte
de su familia, entonces ahora somos sus hijos, nuestro trabajo mas importante
es creer que su gran amor y tremendo poder están disponibles para nosotros.
No hay situación en nuestra vida que Dios no pueda
controlar. Dios nos ha dado su palabra, el ha dicho: … “te tengo en el hueco de
mis manos”.
Mientras desconozcamos el poder del Señor, nuestro corazón
estará preocupado, solo cuando la fe crece podremos descansar y confiar que el futuro, será venturoso tal
como Dios ya lo pensó para aquellos que lo amamos.
REFLEXIONA:
Lo peor que nos puede
ocurrir, no es tener problemas, sino desconocer el amor que Dios tienen por sus
hijos. Para esto necesitamos aprender más de nuestro Señor.
RECLAMA:
Señor, quiero
descubrir tu maravillosa persona y conocer tu gran poder en mi vida. Necesito
pasar más tiempo contigo.
RESPONDE
Jesús, creo en la
verdad que dice que tus planes son buenos para mi y que mi corazón en ti puede
estar confiado
Marta
de biondi
martadebiondi@gmail.com
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